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En el último episodio de una larga saga que ha socavado los cimientos de la Iglesia Católica Romana, una organización que agrupa a víctimas de abusos sexuales por miembros del clero ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al papa Benedicto XVI y a otros tres altos funcionarios del Vaticano por crímenes contra la humanidad.

Manuel Quintero
Ginebra, sábado, 17 de septiembre de 2011

La llamada Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP por su nombre original en inglés) y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), una organización de derechos humanos con sede en Nueva York, hicieron una petición formal a la Corte alegando que los oficiales de Vaticano han tolerado y posibilitado crímenes sexuales.

La demanda — presentada este martes 13 en la sede de la Corte en La Haya— menciona al papa Benedicto XVI por su anterior responsabilidad al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad que tuvo la tarea de supervisar los casos de abusos sexuales.

La instancia también incluye al cardenal William Levada, el actual prefecto de ese dicasterio; al cardenal Angelo Sodano, que ocupara la secretaría de Estado bajo Juan Pablo II; y a su sucesor en ese cargo, el cardenal Tarcisio Bertone.

El Centro para los Derechos Constitucionales afirma que ha compilado más de 20.000 páginas de informes y evidencias de los crímenes cometidos por el clero católico contra niños y adultos vulnerables.  Las violaciones y otros crímenes sexuales son considerados un crimen contra la humanidad.

La abogada del CCR, Pamela Spees, afirmó que los crímenes contra decenas de miles de víctimas, en su mayoría niños, están siendo encubiertos por funcionarios del más alto nivel en el Vaticano.  “Es este caso, todos los caminos llevan a Roma”, puntualizó.

Pero Jeffrey Lena, el abogado que ha representado al Vaticano en Estados Unidos por una serie de litigios por abusos sexuales, calificó la demanda de “absurdo” truco publicitario y señaló que el intento constituye “un mal uso de los procesos internacionales de justicia”.

El pasado mes de julio, el llamado Informe Cloyne del gobierno de Irlanda acusó al Vaticano por su “absoluta falta de cooperación” con los obispos irlandeses que procuraban implementar normas más estrictas para proteger a los niños de los abusos sexuales del clero.

En esa ocasión el Primer Ministro de Irlanda, Enda Kenny, dijo que el Informe Cloyne “ponía en evidencia un intento de la Santa Sede de frutar una investigación en un país soberanos y democrático”.  El Informe Cloyne, “saca a la luz la desconexión, el elitismo y el narcisismo que dominan la cultura del Vaticano hasta hoy”, añadió el premier irlandés.

La demanda de la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes no tiene mayores posibilidades de seguir su curso, porque la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el Vaticano, que hasta ahora no ratificó el tratado fundacional de dicha entidad jurídica.
Foto: Abogada Spees: “Es este caso, todos los caminos llevan a Roma”.

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