Luego de cerrar las válvulas de la conducción de agua que surtía a los hogares protestantes, los católicos exigieron 300 mil pesos para dejar que siguiese la construcción del templo, argumentando que ese era el precio justo ya que desde hace siete años la asamblea local había acordado no permitir la construcción de ningún templo protestante.

Los evangélicos interpusieron una demanda penal y advirtieron que continuarían con la edificación del templo, en tanto que los católicos retuvieron a dos funcionarios del gobierno del Estado que habían llegado a Satzú para mediar en un diálogo en busca de solucionar el conflicto.

Ambos grupos enfrentados se reunieron finalmente en la cabecera municipal de Chamula el pasado miércoles. Los funcionarios fueron liberados y se volvió a conectar el suministro de agua a las familias evangélicas tras acordar por escrito el pago de 30 mil pesos por parte de los evangélicos. Sólo así los católicos tradicionalistas de San Juan Chamula “autorizaron” que los indígenas evangélicos del paraje Satzú construyesen su templo.

Eso sí, con la condición de no realizar cultos en los domicilios, y prohibiendo que vaya alguien desde otra comunidad de Chiapas para asistir a los cultos religiosos.

En la firma del acuerdo participaron integrantes del ayuntamiento de Chamula y funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno del estado, así como representantes de los católicos tradicionalistas y de los evangélicos.

Es decir, que para ejercer un derecho que les corresponde como parte de la libertad religiosa y de cultos, los indígenas evangélicos han tenido no sólo que sufrir represalias y recurrir a las autoridades, sino que finalmente han tenido que pagar para poder vivir en libertad ¡y con condiciones! Todo un pequeño ejemplo de la grave situación actual de la libertad religiosa en Chiapas.