Los miembros de la Iglesia Evangélica “Triunfantes de Jesucristo” atraviesa desde el 2004 un penoso proceso jurídico por la pertenencia de su sede, en la Avenida Pedro Romero, porque quien fuera su Pastor hace más de 20 años, se las quiere quitar.
“Cuando la fe pierde las nociones de la realidad, como el hecho de que todos los seres humanos fallan, se queda expuesto a fuertes desilusiones”, puntualiza Jennys García Villadiego, Pastora de la comunidad desde hace seis años. Ella agrega que esta comunidad cristiana fue fundada hace unos 20 años, y que cuenta con 300 miembros (además de los niños) y varias “iglesias hijas”.
García cuenta que cuando la iglesia empezó actividades ejercía como pastor un canadiense llamado Antonio De Jesús. Comenzaron a reunir fondos entre todos para comprar el lote y construir la iglesia. Al adquirir la propiedad, ésta fue puesta a nombre del líder (Antonio De Jesús), quien actuó como representante legal.
Las acciones jurídicas han sido adelantadas a través de una persona que también perteneció a la congregación, Carlos Julio, quien a su vez apoderó a su abogado Leonardo Clavijo, con quienes El Universal intentó comunicarse, pero sin éxito porque ni la Pastora de la iglesia ni su abogado tenían mayores detalles.
No obstante, Jennys García afirmó a este matutino que en conversación que tuvo con Julio, éste le dijo que ya no tenía nada que ver con el proceso, y que se encontraba arrepentido. Raúl Domínguez, abogado defensor de la iglesia “Triunfantes de Jesucristo”, afirma que todas las acciones en contra de la iglesia se han decidido favorables a la comunidad religiosa.
Pese a lo anterior y a que “el caso llegó hasta la Corte Suprema, que dijo que no detallaría el proceso porque lo veía correcto, la Fiscalía ordenó el desalojo de los creyentes”, comenta Domínguez.
Domínguez interpuso una acción de tutela pidiendo que se revise el caso, argumentando que se violó el derecho al debido proceso porque la comunidad nunca supo del proceso en la Fiscalía, hasta que se recibió la información sobre la orden de desalojo. “Nunca nos llamaron para preguntarnos nuestra versión, ni para avisarnos”, dice García.
Así las cosas, y luego de ver el memorial presentado por Domínguez, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena ordenó a la fiscal encargada del caso, suspender la diligencia de desalojo del inmueble como medida provisional mientras se profiere sentencia a la acción de tutela. Por su parte, los miembros se limitaron a decir que dejan el caso en las manos de Dios porque éste nunca les ha fallado.
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