Farela afirmó que con las declaraciones del presidente del Episcopado sobre las relaciones con el narcotráfico y las actitudes del gobernador de Jalisco de dar donativos a la Iglesia de Roma, se viola el principio de la separación del Estado y las iglesias que está contemplado en el artículo 130 constitucional.

Sugirió que sería conveniente que Hacienda supervisara este tipo de donativos y se enmarcaran dentro de las legislaciones fiscales existentes.

También precisó que resulta legítimo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue este tipo de donativos y otros similares, a efecto de que de se si cualquier confesión o Iglesia reciben cantidades cuantitativamente significativas, cumplan con el pago de impuestos. Y desde luego, comprobar que los donativos que se reciben no provienen de la delincuencia.