(ALC) La Alianza Evangélica de Panamá (AEP) levantó su voz de protesta. Sus regentes, los pastores Rolando Hernández, Rupert Neblett, Manuel A. Ruiz- apóstol del Tabernáculo de la Fe-, y el diputado Vladimir Herrera cuestionaron las intenciones del Gobierno panameño de querer «pasar» un proyecto de ley que instaura un régimen clerical en la Fuerza Pública.

Se trata del acuerdo entre Panamá y la Santa Sede para constituir un ordinariato en la Fuerza Pública y sus estamentos, ad instar (a modo de) un ordinariato castrense.

Ruiz acusó a quienes están detrás del proyecto de quererle dar mando y jurisdicción a la Curia católica, ya que piden «rangos de capitán, coronel y otras prebendas, con salario, viáticos y hasta jubilaciones. Hemos salido de un enclave colonial para entrar en un enclave religioso», protestó.

Rupert Neblett, secretario de AEP, sostiene que es inconstitucional, pues otorga fueros y privilegios a la Iglesia católica en perjuicio de las otras confesiones, y afecta la familia panameña en su libertad de culto. Además, permite la intromisión de otro Estado (Vaticano) en los asuntos internos de Panamá, sin excluir la erogación que traerá consigo para los panameños sostener el personal, oficinas y templos del ordinariato.

El diputado Herrera dijo que la Alianza se reunió con el canciller Samuel Lewis Navarro y su asesor Adolfo Ahumada, y prometieron que el acuerdo no avanzaría sin consulta, pero les causó sorpresa que la Asamblea intentó aprobarlo hace poco.

Para el sacerdote católico Javier Umaña, del templo Nuestra Señora de Fátima, en El Chorrillo, los evangélicos se van a los extremos, ya que en Panamá no hay ejército y el ordinariato propuesto no revivirá lo militar.

Piensa que si en el proyecto se incluye sostener al personal, es por la pastoral que se prestará a la policía y otros estamentos de seguridad. No debe verse como un privilegio, sino como una consideración por ser la católica la religión mayoritaria, tal y como lo reconoce la Constitución.

En tanto, el ex presidente  de la República Guillermo Endara opinó que nombrar en la Policía un funcionario con calidad de obispo, que corresponde a un vicariato castrense, es regresar al militarismo. «No queremos volver al militarismo», señaló.

Por Julio A. Carles. (ALC)