Los familiares denunciaron la expulsión de los niños, realizada sin ninguna explicación a sus padres. Al parecer se trata de otra medida de presión de parte de católicos tradicionalistas de Shulvó, en el Municipio de Zinacantán.

Los niños afectados por la drástica medida son hijos de algunas de las familias que desde hace más de tres meses están asentados en protesta frente al Palacio de Justicia, localizado en esta ciudad, exigiendo que se respete su derecho de profesar la religión evangélica y que se detengan a las agresiones de los católicos.

«Pese a que nosotros, sus padres, estamos reclamando en esta ciudad, los cinco niños no habían dejado de ir a la escuela, pues el director del colegio pasaba para llevarlos y luego los traía de regreso», explicó Mateo Jiménez, padre de uno de los pequeños expulsados de la escuela primaria Liberación, que se ubica en esa comunidad indígena, a unos 20 kilómetros de San Cristóbal. Según cuentan los padres de familia, los católicos presionaron al director del colegio, que desde el viernes de la semana pasada se vio obligado a expulsar a los niños, de entre 7 y 11 años de edad.

«Es un abuso más de los católicos, pues además de los constantes ataques que hemos recibido por profesar una religión diferente, ahora arremeten contra los niños, privándolos del derecho a la educación», aseveró por su parte el pastor Mariano Vázquez Pérez.

El pastor hizo notar que ante este nuevo hecho, el conflicto en Shulvó se ha agudizado, por lo que hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para que intervengan y restablezcan el Estado de Derecho en esa comunidad.

«Por lo pronto, esta misma semana vamos a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que expondremos este nuevo atropello de los católicos, pues es injusto que atenten contra los niños», señaló.

También dijeron que el caso de las ocho familias de Shulvó ha sido retomado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno para tratar de encontrarle una solución.

OCHO FAMILIAS HOSTIGADAS
Las ocho familias evangélicas que desde hace más de tres meses se asentaron a las afueras del Palacio de Justicia de San Cristóbal exigen una solución a su caso. A finales del pasado año, católicos tradicionalistas de Shulvó les cortaron los servicios de agua potable, energía eléctrica y teléfono. Además les imposibilitaron el acceso hacia tres furgonetas con las que trabajan, encerrándolas con cercos de alambre. Los alambres fueron retirados el pasado 26 de marzo.

«El encierro de nuestras camionetas nos ocasionó pérdidas por más de cien mil pesos, pues no podíamos salir a trabajar», expuso Juan Vázquez, jefe de una de las familias afectadas. Los evangélicos informaron que fueron convocados por la Secretaría de Gobierno estatal para tener una reunión esta semana en Tuxtla Gutiérrez.

«Ahí también expondremos la situación de los niños expulsados de la escuela y exigiremos que cesen las agresiones de los católicos, pues no somos delincuentes, somos gente de paz y no es justo que violen nuestros derechos por profesar una religión diferente», subrayó el pastor Mariano Vázquez.