NEWARK, Nueva Jersey – Un grupo nacional de pastores religiosos hispanos de Estados Unidos reiteró el martes un llamado a los inmigrantes indocumentados para que boicoteen el censo nacional del 2010. Condicionaron la participación de los 12 millones de sin papeles a la aprobación en el Congreso, en el curso de 2009, de una reforma migratoria que incluya una vía de legalización.
La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Latinos dijo que los inmigrantes indocumentados no deberían aceptar que los cuenten a menos que el Congreso apruebe antes una reforma a las leyes de inmigración.
«La misma información que ayuda a la comunidad latina para que busque mayor poder político, la misma información que se usa para mostrar qué tan fuertes somos y demostrar nuestro número en aumento, es la misma información que usan las fuerzas contra los inmigrantes», dijo el reverendo Miguel Rivera, el organizador de la coalición.
Las cifras de los censos sirven para calcular todo en el gobierno, desde los fondos federales hasta la representación en el Congreso. Pero según Rivera, esos datos han sido empleados para reprimir a los indocumentados en el pasado, y los aproximadamente 12 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos necesitan una vía para lograr su legalización antes de que acepten que los cuenten.
«Cuando pusimos en la balanza cuántos beneficios obtienen los indocumentados al dejar que los cuenten, encontramos que hay más motivos para que los policías los arresten y que más agentes inmigratorios los deporten y afecten a sus familias», dijo Rivera. «No les podemos pedir que hagan algo que traerá más penurias a esta comunidad».
Llamado la semana anterior
La semana pasada la junta de directores de la Coalición Latina de Ministros y Líderes Cociliares Cristianos (CONLAMIC) aprobó una resolución que señala que los que se oponen a cambios en las leyes migratorias utilizaron los datos del Censo como «una herramienta antiinmigrante con la cual justificaron la agresión contra familias indocumentadas con estrategias de terror y mentiras que polarizaron la opinión pública».
«Las ciudades de Riverside en Nueva Jersey, Hazleton en Pennsylvania, Irving y Farmers Branch en Texas y el estado de Oklahoma, son evidencias del capital político que sirven las estadísticas del Censo a favor de politiqueros oportunistas, quienes usan y aprovechan las mismas para crear malestar en sus comunidades con argumentos falsos sobre los beneficios y la aportación que ofrecen las familias y trabajadores indocumentados», dijo Rivera, presidente de CONLAMIC.
Las ciudades de Riverside, Hazleton y Farmers Branch aprobaron entre 2007 y 2008 una serie de leyes para perseguir a la inmigración indocumentada. Según la Asociación Nacional de Municipalidades, tras el fracaso del debate migratorio de 2006 en el Congreso en al menos 30 estados se debatieron más de 1,400 leyes antiinmigrantes.
El censo se defiende
Las autoridades encargadas del censo, en cambio, insisten en que la información es confidencial y que no hacen preguntas sobre el estatus migratorio o sobre los números de seguridad social.
Según la constitución estadounidense cada persona que vive en el país debe ser contada.
«Nuestro trabajo es contar a cada persona», dijo Raúl Cisneros, uno de los voceros del censo. «Estamos muy decepcionados de que cualquier organización trate de hacer que la gente no participe en el censo del 2010».
La idea surgió ante la impresión de que las cifras del censo del 2000 se utilizaron por las agencias judiciales y migratorias para detectar de una manera más eficaz a las poblaciones de indocumentados, dijo Rivera, lo que afectó a muchos de los integrantes de las 16 mil iglesias en 34 estados que contempla su organización.
El propuesto boicot tiene lugar en momentos en que varios políticos y organizaciones nacionales hispanas instan a todo inmigrante, independientemente de su situación, a figurar en el recuento del censo.
Varias organizaciones de latinos incluyendo la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Designados y Electos (NALEO) han criticado el boicot y comienzan a hacer campañas para que la comunidad latina no quede fuera del conteo.
En el censo del 2000 casi el 3 por ciento de la población hispana no fue contado.
Promesa de reforma
El lunes de la semana anterior un alto funcionario de la Casa Blanca anunció que el presidente Barack Obama presentará este año al Congreso una propuesta de reforma migratoria y que el proyecto incluirá una vía de legalización para indocumentados.
El proyecto será redactado por una comisión nacional que integrarán, entre otros, representantes demócratas y republicanos, líderes religiosos, sindicalistas, organizaciones nacionales pro inmigrantes, abogados y activistas, quienes serían convocados en el verano, de acuerdo a planes de la Administración de Obama.
Anticipándose a la convocatoria, dos de las principales uniones sindicales de Estados Unidos, la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y «Change to Win», acordaron, por primera vez, unir fuerzas para apoyar la revisión a las leyes migratorias y la aprobación de una reforma migratoria amplia con vía de legalización para al menos siete millones de trabadores indocumentados.
Dirigentes de ambas organizaciones anunciaron que unieron fuerzas para participar en el debate nacional que se avecina.
Apoyo de universidades
A su vez, la Junta Universitaria, que agrupa a unos 5 mil centros de enseñanza superior de Estados Unidos, se pronunció por primera vez en apoyo a la legalización de millones de indocumentados, en especial estudiantes sobresalientes que ingresaron a Estados Unidos antes de haber cumplido 15 años, llevan al menos cinco años en el país y poseen notas sobresalientes en la escuela secundaria.
La Junta criticó el hecho de que la ley garantice que los jóvenes estudiantes cursen la primaria y la secundaria y les vete la posibilidad de obtener un título universitario.
El apoyo de las universidades surge en momentos que comisiones de ambas cámaras del Congreso debaten el proyecto de ley Dream Act, que de ser aprobado daría residencia temporal a miles de estudiantes indocumentados sobresalientes, quienes una vez graduados podrían pedir la residencia permanente y luego la ciudadanía.
La iniciativa fue enviada por primera vez al Congreso en 2003, pero no ha sido aprobada por falta de respaldo bipartidista.
Fuente: Univision.com
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