Desde 2007, el estado de New Jersey tiene una ley que permite las “uniones civiles del mismo sexo”. Una pareja de lesbianas, Harriet Bernstein y Luisa Paster, pidieron alquilar el Pabellón Boardwalk en New Jersery, perteneciente a una asociación cristiana metodista, para poder celebrar su “unión civil”. El complejo está en Ocean Grove, un poblado de casas de campo al lado de la playa, que se utiliza como recinto para campamentos y actividades similares.

La asociación metodista no concedió el alquiler a las dos mujeres, por no ser una actividad que esté en consonancia con la línea doctrinal de la iglesia. En respuesta, la pareja denunció a la comunidad en marzo de 2007 ante las autoridades del Estado, acogiéndose a las leyes anti-discriminación de “derechos civiles” de New Jersey. Era la primera denuncia por “discriminación contra gays”.

Tan solo un mes después, otra pareja lesbiana denunciaba a la asociación metodista con el mismo motivo, aunque para entonces la comunidad ya había anunciado que no alquilarían el pabellón para bodas de ningún tipo.

SENTENCIA DE UN JUEZ PRO GAY
Los metodistas encargaron su defensa a la «Alliance Defense Fund» y expusieron como argumentos que “una asociación cristiana tiene derecho constitucional a usar sus locales de forma consonante con sus creencias”.

Pero el tribunal que juzga estos casos falló el pasado 5 de enero a favor de las parejas lesbianas, decidiendo que la asociación había violado lo que las leyes anti-discriminatorias de New Jersey, en lo que respecta a los alquileres locales públicos.

El juez que tomó esta decisión es Frank Vespa-Papaleo, militante político pro gay que en diciembre pasado diciembre pidió públicamente que New Jersey no se contentase sólo con uniones civiles, sino que introdujesen leyes para oficiar el matrimonio homosexual directamente.

ARGUMENTOS POR AMBOS LADOS
Ambas partes utilizaron argumentos para defender sus posiciones. Los metodistas insistieron en el carácter cristiano de sus locales. La acusación dijo que son locales públicos porque han aceptado dinero público para reparaciones después de un huracán. A ello, la defensa de la asociación metodista respondía que el dinero para reparaciones era para quien lo solicitase y que ellos nunca ocultaron la afiliación religiosa de sus instalaciones.

La acusación también dijo que los locales se acogen a exenciones fiscales porque se comprometen a un “uso público”. Los metodistas respondieron que ese uso público no puede ser ilimitado ni ir contra sus valores cristianos.

La comunidad cristiana de New Jersey teme ahora que este caso siente precedente, y permita que cualquier grupo pro gay acuda a locales de entidades cristianas a celebrar actividades, bajo la amenaza de denuncia en los casos en que las iglesias se opongan.